LA FORMA DE APORTAR DOCUMENTOS ELECTRONICOS: correos, emails, mensajes de mensajerías instantánea, imágenes, sonidos, grabaciones…. Etc.

Cada día es más común la utilización de estos medios de reproducción, y sistemas de comunicación en nuestro quehacer diario, ya seamos empresa, por ejemplo en el encargo de una maquinaria, proveedores, o ya tengamos que comunicarnos de forma privada con nuestra expareja para señalar el régimen de visitas de los menores, u otras muy variadas situaciones.

La realidad legal es que ya está regulada su aportación y su admisión en Derecho, pero qué sucede en el uso forense, pues que tanto los operadores jurídicos (abogados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia) como los ciudadanos seguimos (todos) sin saber cómo presentar y defender nuestros argumentos con una prueba electrónica.

Es por ello que este artículo recogerá primero la normativa nacional a tener en cuenta para su aportación, y el deber de que todos sepamos cómo ha de aportarse y exigir de los demás su buen uso y aportación, con el fin de que se cumplan las garantías procesales mínimas, que por ello han sido legisladas.

 

Bien comenzaremos por la Ley de Firma electrónica, 59/2003, de 19 de diciembre que define en su art. 3.5. de la ley qué es documento electrónico:

Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específica aplicable.”

Para más tarde determinar la forma de aportación y de su impugnación en cada caso, con remisión expresa a la normativa procesal por excelencia la LEC.

Art.3.8. LFE:

El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica.

 

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.

Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

 

Es por tanto que creo debemos recordar qué se dice del 326 de la LEC:

Artículo 326 Fuerza probatoria de los documentos privados

1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.

2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

3. Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o se impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica

 

Es decir, que podemos impugnación por la falta de aportación ajustada a la LFE, pues no se acreditarán los criterios de contenido ni autenticidad que cumpliendo dichas premisas se garantiza.

 

La preocupación de los abogados podría ser, serán aceptados estos medios, cuando nos vemos en muchos casos en plena indefensión cuando intentamos remitir una simple fotografía al Juzgado, será aceptada por Su Señoría, estas dudas se dispersan con la LSSI. 34/2002, de 11 de julio, cuando en su art. 24 nos advierte: "el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica".

Por lo tanto junto con la normativa y las artes normales de los letrados en sala deberemos hacer valer tales preceptos, completándolos con La Disposición Final Sexta de la Ley 41/2007, en el que se incorpora sin duda al art. De la LEC., art.318., la incorporación de medio de prueba “documento electrónico” así pues, dice:

Artículo 318 Modo de producción de la prueba por documentos públicos.

Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el artículo 319 si se aportaren al proceso en original o por copia o certificación fehaciente, ya sean presentadas éstos en soporte papel o mediante documento electrónico, o si, habiendo sido aportado por copia simple, en soporte papel o imagen digitalizada, conforme a lo previsto en el artículo 267, no se hubiere impugnado su autenticidad.”

 

La última advertencia que he de hacer es para los abogados que ejercen en aquellas Comunidades que tengan ya implantado el sistema Lexnet, ya que solo se podrán aportar documentos en pdf como prueba en dicha plataforma, y para el caso de que sea otro formato, deberán ser aportados in situ, aconsejando llevar medios propios, ej.: portátil propio con programas instalados, necesarios para poder reproducir y aportar en sede judicial.

 

Con todo esto se trata de cada vez más, seamos los abogados los que usemos la normativa en nuestro propio beneficio y en el de la justicia, exigiendo que se cumpla pues en sede judicial.

Macarena Perona

Abogada icamur

 

Autor: 
Macarena Perona